Compareció en el consistorio el alcalde Koldo Leoz, arropado por sus compañeros de grupo Emma Ruiz, Regino Etxabe y Unai Errázquin; por los ediles de Geroa Bai, Ricardo Gómez de Segura y Pablo Ezkurra, y de Ahora-Orain, Jesús Martínez y Lara Ochagavía. Leoz ofreció palabras de felicitación a la ciudadanía por un dictamen que “libra a la ciudad de una gran amenaza financiera”.
“Hemos conseguido hacer justicia y vemos que no vamos a cargar con la negligente gestión de UPN y PSN. Esta resolución disminuye el impacto económico de los 16 millones de euros y la práctica intervención de las cuentas del Ayuntamiento. Pero esto no ha terminado, hay que seguir trabajando para minimizar las consecuencias”, explicó.
Aunque el dictamen es vinculante y no recurrible, el Pleno del Ayuntamiento de Estella votará en la sesión del 7 de junio la anulación de los convenios, y este acto de Pleno sí que es recurrible por parte de los particulares.
Koldo Leoz: “Va a ser un peregrinaje largo en los tribunales hasta depurar todas las responsabilidades”
La anulación de los anexos que elevaban el precio del metro cuadrado desde los 43’94 euros a los 108, permite reducir la deuda considerablemente. “Pasamos del negrísimo escenario de los 16 millones a los 4’8, más posibles indemnizaciones. Vamos a estudiar todas las vías para que las consecuencias repercutan al Ayuntamiento y a la ciudad lo menos posible. Va a ser un peregrinaje largo en los tribunales hasta depurar todas las responsabilidades”, dijo.
El Ayuntamiento anunció, asimismo, que trabajará en la reparcelación de Ibarra. El Plan Municipal establece que los aprovechamientos se realizarán allá a cambio de los terrenos de Oncineda.
Geroa Bai pide la dimisión de Begoña Ganuza
Geroa Bai, a través de sus concejales en Estella, Ricardo Gómez de Segura y Pablo Ezcurra, y del portavoz de Desarrollo Rural de Geroa Bai, Unai Hualde, pidió la dimisión de Begoña Ganuza como concejal del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y parlamentaria de UPN.
Explicaron en rueda de prensa que cabe pedir responsabilidades a las ex alcaldesas Ganuza y Fernández y a sus partidos. “En los convenios y anexos suscritos no se ha salvaguardado el principio de equidad, ni el interés general y tampoco se ha observado el principio de buena administración”, decía Hualde.
Además, explicaba que, como ya apuntaba la Cámara de Comptos, no constan informes técnicos, jurídicos y de intervención que sustenten los convenios y anexos firmados, como tampoco consta acuerdo alguno de aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local o del Pleno Municipal.
