
Regúlez relató lo vivido en primera persona el 5 de agosto, lunes de fiestas, en un acto oficial a la salida de la iglesia San Pedro, cuando se acercó a preguntar a unos agentes de la policía municipal por qué estaban identificando a tres mujeres jóvenes de la ciudad. “Pregunté en mi condición de ciudadana, concejal del Ayuntamiento, parlamentaria foral y letrada que ha ejercicio durante más de 25 años con despacho profesional en esta ciudad defendiendo siempre los derechos fundamentales de todas las personas, sobre todo ante abusos y trato incorrectos y desproporcionados”.
Su intervención desencadenó una sanción administrativa que le ha sido comunicada cinco meses después, con fecha de 11 de diciembre, y que se traduce en una multa económica de 600 euros. “Por preguntar me han sancionado, argumentando como motivo obstaculizar la labor policial. Considero que uno de los deberes que tengo como concejala es defender los derechos e intereses de todas las personas que viven en Estella frente a cualquier tipo de actuación arbitraria y abusiva”.
Geroa Bai considera, visto el expediente sancionador, que el procedimiento nada tiene que ver con infracción administrativa alguna, sino con la ideología política. “Dentro de cualquier policía la figura del jefe es imprescindible. Si la labor de un jefe de policía debería ser promover y garantizar la convivencia y no generar crisis innecesarias como las vividas de forma intensa y desproporcionada de las fiestas, el equipo de Gobierno debiera plantearse, con la Alcaldesa al frente, el cargo de confianza designado, si está cumpliendo su función de acuerdo a los principios de actuación legales a los que se debe. Definitivamente, para nosotros, para Geroa Bai Lizarra, no la cumple”, expresó Regúlez.
En cuanto al procedimiento sancionador abierto, está siendo estudiado por abogados. “A partir de hoy tomaremos todas las medidas legales oportunas y que creamos necesarias para defender la democracia en Estella-Lizarra”, añadió la concejala.