Emma Ruiz, representante de la Izquierda Abertzale, fue la única concejal que intervino tras la votación. Expresó que el acuerdo supone que el Ayuntamiento pierda patrimonio. “El dinero que va a obtener el Ayuntamiento por la venta va a ser un alivio, pero se tenían que haber estudiado otras posibilidades, como que el alquiler a 50 años fuera más barato, sin tener que renunciar a un bien patrimonial”, comentaba en referencia al sistema de concesión administrativa que aplicaba el Ayuntamiento hasta el momento.
En el pleno se debatió también un punto sobre el recurso de alzada presentado por Jaime Garín contra el acuerdo de pleno sobre la autorización de la ejecución de obras complementarias al proyecto del Área de Reparto 3. Se aprobó remitir al TAN un expediente al recurso de alzada. Asimismo, en relación con la AR-3, en el siguiente punto se aprobó una segunda ampliación de plazo, de 2,5 meses, solicitado por Obenasa-construcciones Muniain, para terminar el proyecto de urbanización. El plazo concluiría el 25 de abril.
En este punto, Nabai y CDN se abstuvieron y el resto de partidos de la oposición votaron en contra. El acuerdo salía adelante con los votos regionalistas. Fidel Muguerza (CDN) apuntaba que el proyecto de 2005 debería haberse adaptado a 2010 y que se debería haber adjudicado una nueva partida presupuestaria. Para Ízcue, del PSN, la ampliación anterior tenía que haber sido suficiente. Emma Ruiz manifestó que el concejal de Urbanismo, Javier Soto, era el responsable de “los errores”. “En vez de corregir, se hace una huida hacia delante”, dijo. Ruiz denunció también un sobrecoste en la obra de 700.000 euros.
Durante el desarrollo del pleno, se aprobaron diferentes modificaciones puntuales del PEPRI, lo que llevó al portavoz de Nabai, Iñaki Astarriaga, a proponer una modificación general. “Insto al equipo de Gobierno para que prepare una partida para actualizar el PEPRI y evitar continuas modificaciones puntuales”, declaró. En la sesión plenaria se aprobó también la adhesión del Ayuntamiento de Estella al Instituto Navarro de Igualdad en la actuación como acción popular en la causa penal contra José María Morentin, por la muerte de María Puy Pérez.
