Los tres ascensores, que comunican el barrio de Lizarra con el centro de la ciudad, carecen de instalación de video-vigilancia, un sistema que el Ayuntamiento pagó a la empresa Excavaciones Muniáin S.L. por importe de 35.811,53 euros. En cuanto al sistema de video-vigilancia del ascensor de San Pedro (por la que el Ayuntamiento pagó 12.855 euros), sí existen dos cámaras, pero no funcionan. “Tiene guasa que el interior de una de ellas esconda un mecanismo de juguete”, declaraba en rueda de prensa el portavoz de Nabai, Iñaki Astarriaga. Las cámaras deberían estar conectadas con la Policía Municipal.
“Es una muestra clara y vergonzosa de la gestión de UPN, que no controla por sí mismo las obras adjudicadas. En este caso, además de un asunto económico, afecta a una cuestión fundamental como es la seguridad ciudadana”, añadió. En su compañía estaban el edil Ricardo Gómez de Segura y Larraitz Trinkado, miembro del grupo. Gómez de Segura destacó que el informe entregado a la Fiscalía recoge dos posibles figuras delictivas como la prevaricación y la falsedad de documento oficial.
En una rueda de prensa al día siguiente, la alcaldesa Begoña Ganuza argumentó que se estaba estudiando la normativa que regula los derechos de privacidad de las personas. No obstante, el miércoles 15, se comenzó a colocar en los ascensores de Lizarra una antena y una cámara.
