La programación se completaba con dos charlas y una mesa redonda que abordaron los temas: ‘Fraga en gobernación: la política del terror’, organizada por el Partido Carlista; ‘Montejurra 9 de mayo de 1976. Memoria e historia contra la impunidad’ y la mesa redonda ‘Montejurra 1976 en el contexto de la transición’, organizadas ambas por EH Bildu Lizarra. El sábado 14 se celebra un acto popular a las 13 horas en la plaza de los Fueros.
Los sucesos de Montejurra tuvieron lugar el 9 de mayo de 1976, en los inicios de la transición, durante los actos políticos que acompañaban el viacrucis anual que desde 1939 los carlistas realizaban en Montejurra, en memoria de los requetés muertos en la Guerra Civil. En el transcurso de la romería, el denominado búnker franquista y los sectores ultraderechistas del carlismo -agrupados en torno a Sixto de Borbón Parma, hermano del pretendiente carlista Carlos Hugo y enfrentado a él- prepararon una operación violenta contra el Partido Carlista y los seguidores de Carlos Hugo para promover la ‘entronización’ de Sixto como líder del carlismo.
En dicha operación, en la que también tomaron parte mercenarios neofascistas italianos y argentinos, grupos armados de partidarios de Sixto de Borbón abrieron fuego de forma premeditada contra los participantes en la romería en la parte baja del monte. Resultaron muertos Ricardo García Pellejero y hubo varios heridos, entre ellos Aniano Jiménez Santos, que fallece días después. Los crímenes se ejecutaron en presencia y con la colaboración de las fuerzas de seguridad.
A raíz de los incidentes, Sixto de Borbón Parma fue expulsado de España. Con posterioridad, y a requerimiento de terceros y de la acusación llevada adelante por el Partido Carlista, fueron detenidas varias personas acusadas de homicidio.
La investigación terminó en el Tribunal de Orden Público con el procesamiento en 1977 de tres personas: José Luis Marín García-Verde, ‘el hombre de la gabardina’ como responsable de los asesinatos, y Arturo Márquez de Prado y Francisco Carrera, como dirigentes de la acción violenta. A estos crímenes les fue aplicada la Ley de Amnistía de 1977, y los acusados, sin haber sido juzgados, fueron liberados sin responsabilidad penal. En sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de noviembre de 2003 se reconoció a los dos asesinados la condición de víctimas del terrorismo.