“Una comisión especial estudiará los casos
que se reciban en el consistorio
“
El documento, que consta de ocho puntos, estaba también suscrito por el PSN, IU, Nabai y Aralar, de quienes recibió apoyo. Los grupos UPN y PP votaron en contra. La concejal de Bienestar Social, la regionalista Mayte Alonso, recordó que en el pleno de diciembre ya se aprobó una moción para elaborar un protocolo, y que el Ayuntamiento debe actuar siempre dentro de sus competencias.
“UPN está por la labor de ayudar a las personas que se encuentran bajo el umbral de la exclusión social, pero la Constitución dice que debemos respetar y cumplir las sentencias de los tribunales. Si la resolución es firme, solo podemos acatar la ley. Un concejal podrá intervenir a título particular, pero el Ayuntamiento no puede ampararle”, destacó. María Unzué, del PP, se manifestó de acuerdo con Alonso. “Ningún miembro del Ayuntamiento puede desobedecer la autoridad judicial”, añadió. La moción sobre el protocolo llegaba al pleno después de diversas reuniones que comenzaron en abril.
Título
Ocho puntos
1) Colaboración entre las instituciones y los agentes que luchan contra los desahucios (intercambio de información, creación de una comisión especial y discreción con los perjudicados que lo soliciten).
2) Recabar información y estar abiertos a los ciudadanos en la situación o en riesgo (el Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales, pondrá a disposición de los perjudicados un teléfono y un e-mail).
3) El Ayuntamiento realizará tareas de acompañamiento en la mediación ante entidades bancarias para buscar soluciones que eviten el desahucio y exigirá la suspensión del procedimiento.
4) El Ayuntamiento utilizará toda su autoridad y revisará su relación institucional y económica con las entidades financieras dependiendo de su actitud.
5) El Ayuntamiento podrá hacer públicas sus gestiones y resultados cuando lo estime.
6) El Ayuntamiento no impulsará ni participará en ningún procedimiento de desahucio y se compromete a no obligar al personal municipal a hacerlo.
7) Con el fin de ofrecer una solución de urgencia a los ciudadanos sin vivienda, el Ayuntamiento solicitará a las entidades financieras, inmobiliarias y al Gobierno de Navarra la puesta a disposición de las viviendas vacías.
8) Cada vez que se inicie un procedimiento de desahucio, el Ayuntamiento se personará en la vivienda haciéndolo público para el conocimiento de los vecinos de la ciudad.
