El Ayuntamiento podría verse obligado a abonar 20 millones de euros por el Caso Oncineda

El Ayuntamiento podría verse obligado a abonar 20 millones de euros por el Caso Oncineda

El Jurado de Expropiación valora los terrenos en 108 euros el m2, añade un 5% de premio por afección y un 60% de intereses desde la firma del convenio

El viernes 21 de octubre, el alcalde Koldo Leoz junto al resto de miembros del equipo de gobierno dio a conocer, en una rueda de prensa, la resolución del Jurado de Expropiación, que coloca al Ayuntamiento de Estella en una grave situación financiera. La sentencia dicta que el Ayuntamiento deberá abonar a las promotoras, Actividades Alhama y Promociones Herchi, 108 euros el m2 de los terrenos más un 5% de premio de afección y un 60% de intereses desde la firma del convenio. Si esto se aplica además al resto de propietarios, el Ayuntamiento suma 20 millones de euros, una cifra inalcanzable para el Consistorio estellés, cuyo presupuesto anual es de unos 11 millones de euros.

El caso se remonta al año 2006 cuando se realizaron una serie de actuaciones para obtener los terrenos de Oncineda con el propósito de construir una ciudad deportiva. El proyecto original, creado bajo el mandato de la socialista María José Fernández contaba con un plan de viabilidad que UPN invalidó en la siguiente legislatura al desviar una subvención de 1.000.000 que el Ayuntamiento había recibido para la construcción de la ciudad deportiva.
Antes de que el proyecto fuese invalidado se preveía el desarrollo del proyecto por fases y es por ello que se expropiaron varios terrenos a cambio de unos aprovechamientos urbanísticos en la futura zona de Ibarra. Es entonces cuando se realizó una modificación del planeamiento para convertir aquellos terrenos rústicos en urbanizables y se firmaron unos convenios entre el Ayuntamiento -entonces dirigido por María José Fernández- y diferentes propietarios-. Según informaron estos convenios se sustentaba sobre una modificación de planeamiento aprobada por el Gobierno en 2005, pero en 2007, nueve sentencias de la Sala de lo Contencioso a recursos presentados por diferentes propietarios de Oncineda invalidaron dicha modificación Urbanística y por lo tanto también quedaron anulados los convenios.

Firma de anexos a los convenios anulados
Según recordaron en la rueda de prensa “posteriormente, la alcaldesa socialista comenzó a firmar en pleno periodo electoral, tras las elecciones que otorgaron la victoria a UPN, unos anexos a los convenios que habían sido anulados, un hecho que hizo que se revitalizaran”. Los resultados electorales otorgaron la victoria a UPN con Begoña Ganuza a la cabeza. Según explicó el tripartito,”UPN se había mostrado en contra del proyecto y, pese a ello, Begoña Ganuza firmó su primer anexo el mes de julio, cuando tomó posesión. A este hecho se une la firma de un anexo con la familia Mendiri-Ursúa, en el que se establece un precio de 108 euros el m2 en lugar de continuar con la tasación establecida hasta entonces de 43,94 euros el m2. “Aquí se agrava el caso porque en todos los convenios la octava cláusula dice que en caso de que algún propietario consiga mejores condiciones de las firmadas, éstas serán de aplicación para todo el conjunto. A la firma de este anexo se une la firma de otros tres anexos, dos de ellos con constructoras que según explicaron en la rueda de prensa “fueron creadas días antes de la compra de terrenos de Oncineda para llevar a cabo esta operación. Se trata de las empresas Herchi y Alhama”.

El Ayuntamiento presentará un recurso a la Sala de lo Contencioso

Ante esta situación el actual gobierno no entiende cómo Begoña Ganuza no siguió los consejos de la asesoría EIN, que se encargó del asesoramiento urbanístico del tema y que según ellos le habían avisado en 2009 y 2012 de que los convenios eran incorrectos. “Estas dos empresas se encuentran en litigio con el Ayuntamiento por el incumplimiento de éste de las condiciones firmadas en 2007 por Begoña Ganuza, incumplimiento derivado de la desidia de UPN, que no desarrolló Ibarra y por lo tanto no entregó los aprovechamientos firmados por los propietarios”, recalcaba el tripartito.

En el peor de los casos
Tras diferentes sentencias y recursos, el litigio ha llegado hasta el Jurado de Expropiación que da la razón a las empresas y el Ayuntamiento deberá abonar un total de 1.535.148,45 euros a Actividades Alhama y 2.823.709,30 euros a Promociones Herchi. Si se aplicaría el mismo precio por metro cuadrado de 108 euros y los mismos porcentajes con el esto de propietarios, la cifra alcanzaría los 20 millones de euros que el Ayuntamiento deberá abonar por el Caso Oncineda. “Estella no puede ni debe hacer frente a semejante montaje económico, por lo que este tema transciende de la propia ciudad y así se lo hemos hecho saber a la presidenta del Gobierno Uxue Barkos.”, informaba el alcalde Koldo Leoz. ¿Qué ocurriría en el peor de los casos? “El Ayuntamiento podría ser intervenido por el propio Ministerio de Hacienda, que se podría hacer con las cuentas del Ayuntamiento”, indicaba Leoz.

¿Cómo revertir la situación?
Desde que el Ayuntamiento tiene constancia de la sentencia y tras reunirse con los servicios jurídicos ha acordado presentar recurso a la Sala de lo Contencioso. “Consideramos que los convenios y anexos firmados son ilegales y que los terrenos eran rústicos en el momento de la firma de los anexos”, declaraba Leoz.
También explicó que se remitirá todo el expediente al Consejo de Navarra para pedirle que haga una revisión de oficio y valore declarar nulos de pleno derecho los acuerdos firmados por María José Fernández y Begoña Ganuza.

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